La Cuarta Revolución Industrial está ante nosotros, pero si no la regulamos adecuadamente, no se alcanzará su completo potencial económico y social. Entonces, ¿cómo crear una infraestructura jurídica para algo tan nuevo y complejo?
Preguntamos a Gillian K Hadfield, profesora de derecho y economía de la Universidad del Sur de California y autora de Rules for a Flat World: Why Humans Invented Law and How to Reinvent It for a Complex Global Economy (Reglas para un mundo plano: por qué los seres humanos inventaron la ley y cómo reinventarla para una economía mundial compleja).
¿Por qué importa la reglamentación para la Cuarta Revolución Industrial?
Porque si no la regulamos, no sucederá. Muchas veces se considera que el progreso económico sucede independientemente del ambiente de gobernabilidad. El razonamiento es: la Cuarta Revolución Industrial ocurrirá de todos modos. Y si podemos resolver cómo regularla, ocurrirá de mejor manera. La reglamentación es como la frutilla del postre. Creo que ese es un enfoque equivocado.
Pensemos en la reglamentación como una forma de infraestructura: la infraestructura jurídica, la plataforma casi invisible de reglas y prácticas que subyacen a toda nuestra actividad económica e interacciones sociales, que nos permiten cooperar y planificar. Al igual que otros tipos de infraestructura, es una condición sine qua non del progreso económico.
Alrededor de cuatro mil millones de personas en los países de bajos ingresos no tienen una buena infraestructura jurídica, y esto es parte del motivo por el cual siguen siendo países de bajos ingresos. La infraestructura jurídica en los países avanzados funcionó lo suficientemente bien para los Estados nación anteriores a las computadoras, pero no está funcionando para seguir el ritmo de un mundo hiperconectado y que cambia rápidamente.
¿Quiénes serán los protagonistas fundamentales en la construcción de la infraestructura jurídica que necesitamos para la Cuarta Revolución Industrial?
Esa es una pregunta que muchas veces se pasa por alto. Se suele pensar que la parte difícil de reglamentar la Cuarta Revolución Industrial está en acordar qué queremos que digan nuestras reglas. Pero entonces se plantea una parte más difícil: poner en práctica esas reglas cuando el espacio que deseamos que regulen es tan nuevo y complejo.
Los gobiernos no suelen tener la experiencia necesaria. Los innovadores la tienen, pero la autorregulación tiene sus límites. La historia nos enseña que los mercados funcionan mejor cuando son debidamente regulados por instituciones responsables.
¿Existen nuevas tendencias emergentes para resolver este dilema?
Durante un par de décadas aproximadamente, tuvimos lo que se llama la “nueva teoría de la gobernabilidad”, la idea de que los gobiernos no elaboran las leyes ellos mismos, sino que definen lo que quieren que las leyes logren y les piden a las entidades que se verán afectadas por ellas que las redacten.
El “derecho al olvido” es un buen ejemplo de ello. Los tribunales europeos decidieron que las personas debían tener derecho a que, en los resultados de búsqueda en línea, se ocultaran las referencias personales. ¿Pero cómo hacerlo? Google está en condiciones mucho mejores de saberlo que cualquier gobierno. De modo que, básicamente, el tribunal dijo a Google: “Este el resultado esperado, ustedes determinen cómo hacer que funcione”.
Se puede dar un paso más adelante y hacer que los gobiernos les digan a los organismos del sector privado: “Ustedes calculen cuáles son los riesgos y dígannos qué se proponen hacer al respecto”. Pero creo que en realidad tenemos que incorporar cierta competencia e innovación en este proceso.
¿Cómo se haría eso?
Propongo que terceros comiencen a trabajar en cómo proveer la infraestructura jurídica. Tomemos el ejemplo de los vehículos sin conductor, sobre el que muchas jurisdicciones están debatiendo actualmente cómo manejar. Hay muchos tipos de problemas que nunca hemos tenido que pensar antes. ¿Qué evidencia de gestión de riesgos necesitamos antes de permitir los automóviles sin conductor en nuestras carreteras? ¿Quién es responsable cuando algo sale mal?
En lugar de que los gobiernos intenten redactar las leyes por sí mismos o de pedirles a las automotrices que lo hagan, supongamos que tenemos tres, cuatro o cinco organismos privados que digan: “Aquí presentamos un conjunto de normas sobre los vehículos sin conductor que cumplen los requisitos establecidos por los gobiernos”. Tendrían que persuadir a los fabricantes de automóviles para que se registraran a fin de ser regulados por él, y persuadir a los gobiernos para que lo aprobaran. Esto crea incentivos para la innovación de los medios más efectivos y menos costosos de lograr los objetivos y asegurar que los resultados tengan en cuenta el interés público.
¿Cuáles serían los incentivos para registrarse de los fabricantes de automóviles sin conductor?
Los gobiernos pueden exigirles que se registren. Pero más que esto: ellos quieren reglas. Hay una falsa idea muy extendida de que las empresas privadas quieren que los gobiernos las dejen hacer lo que quieran. Eso no es cierto. Si usted es un fabricante de automóviles sin conductor, quiere que el público tenga confianza en esos automóviles. Desea que los inversores tengan confianza en invertir dinero en esos automóviles. Y eso no va a suceder si, por falta de reglas, se arriesga a una serie de accidentes y a la mala publicidad.
En la Cuarta Revolución Industrial tendremos muchas de estas situaciones, en las que los protagonistas de ámbitos emergentes realmente quieren definir restricciones porque esas restricciones crearán valor para ellos. La pregunta es cuál es la mejor manera de definir la infraestructura jurídica que creará más valor.
¿Cómo imagina usted la gobernabilidad de la Cuarta Revolución Industrial con miras al 2030?
Hay una enorme presión para lograr reglas armonizadas a nivel mundial, y es fácil entender por qué: si se es una empresa internacional, es frustrante tener que lidiar con cientos o más conjuntos de normas diferentes. Las empresas desean poder decir, por ejemplo, “hemos sido aprobados en Alemania”, y que Japón, EE. UU. y el Reino Unido diga entonces “con eso nos basta”.
Puedo imaginar que para el 2030 habremos llevado eso al siguiente nivel y, como sostengo en mi libro, aproveché los incentivos del mercado para crear proveedores privados de normas que regulen la Cuarta Revolución Industrial: los gobiernos pueden elegir qué reguladores aprobar, y las empresas pueden elegir a qué regulador aprobado atenerse.
Eso sería una verdadera ayuda para las economías avanzadas que buscan maximizar los beneficios y enfrentar los riesgos de la Cuarta Revolución Industrial. Pero también crea un valor real para los cuatro mil millones de personas de todo el mundo, cuya falta de infraestructura jurídica los mantiene actualmente pobres y que probablemente permanecerán excluidos de los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial.
Escrito por: Gillian K Hadfield and Antoinnette Schamoi Kirtland. Professor of Law and Professor of Economics. University of Southern California
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no del Foro Económico Mundial.
Enviado a www.entorno-empresarial.com por Dr. Douglas Romero
